Portero o empresa de limpieza; vigilancia. Pago de aportes.

Uno de los dilemas que se debaten en propiedad horizontal es respecto a la contratación  directa de un portero (encargado del edificio) o a la contratación tercerizada de una empresa de limpieza. La misma duda surge respecto a la contratación directa de personal para la vigilancia o la contratación de una empresa de vigilancia y seguridad privada.  Especialmente la cuestión cobrará mayor importancia en los casos en que SUTERH reclame al Consorcio el pago de aportes y contribuciones cuando los mismos se han hecho a otros sindicatos en virtud de la tercerización de los servicios. Veamos:

Los trabajadores que prestan servicios de seguridad y vigilancia en una propiedad horizontal pueden haber sido contratados directamente por el consorcio o bien puede ser el caso de que el consorcio contrate a una empresa de vigilancia y seguridad privada para que realicen dichas tareas. En el primer caso, los aportes y contribuciones de la seguridad social corresponderán a SUTERH, mientras que para el segundo caso dichos aportes y contribuciones corresponderán al gremio del convenio colectivo que sea aplicable y no a SUTERH.

En algunos casos SUTERH ha reclamado a los consorcios los aportes de dichos trabajadores que responden a una empresa privada de seguridad y vigilancia. Para el supuesto de que el consorcio requerido accediere a tales reclamos, habría sido pasible de una doble imposición.  Casos similares se suelen dar respecto a las contrataciones de empresas de limpieza que realizan los consorcios de edificios sujetos a propiedad horizontal con la consecuente no contratación de un encargado del edificio, auxiliar de limpieza o personal asimilable.

Por un lado, como anticipaba arriba SUTERH reclama se realicen los aportes y contribuciones a su caja en virtud de lo regulado por su Convenio Colectivo 589/10 (t.o 2016), pues específicamente el Art. 7 tiene comprendido al personal que se desempeña como

  1. Encargado/a permanente
  2. Ayudante permanente
  3. Ayudante de temporada de jornada completa
  4. Ayudante de temporada de media jornada
  5. Ayudante de media jornada:
  6. Encargado/a no permanente
  7. Suplente de jornada completa
  8. Suplente de media jornada
  9. Personal asimilado
  10. Encargado/a de unidades guardacoches
  11. Personal con más de una función
  12. Personal de vigilancia nocturna
  13. Personal vigilancia diurno
  14. Personal vigilancia media jornada
  15. Mayordomo/a
  16. Trabajadores/as jornalizados/as o de limpieza
  17. Intendentes

Por el otro lado, también es cierto que cada consorcio de propietarios de edificios en propiedad horizontal resuelve la contratación de un personal directamente a su cargo y por consiguiente sujeto a las regulaciones del convenio colectivo de SUTERH o bien contrata una empresa que preste servicios de vigilancia y seguridad o puede ser el caso que contrate para las tareas de limpieza una empresa especializada en limpieza, en cuyos supuestos los aportes y contribuciones serán abonados por las correspondientes empresas quedando a cargo del consorcio la fiscalización del pago y cumplimiento de dichas cargas sociales.

La situación en la realidad puede ser muy compleja, porque los consorcios terminan siendo intimados al pago por SUTERH aun cuando el consorcio de propiedad horizontal haya contratado empresas especializadas en vigilancia, seguridad o limpieza.

Y lo cierto es que la determinación de deuda que genera SUTERH es ejecutable y que siendo un juicio ejecutivo, queda acotada toda discusión causal, por lo que el consorcio demandado terminará siendo condenado a pagar dichos aportes. Con lo que al Consorcio le quedaría posteriormente al cumplimiento de la condena (o al pago en juicio) por ejemplo, un posterior juicio de repetición.

Otra de las salidas jurídicas procesales que puede usar  el consorcio demandado es oponer en juicio la excepción de inhabilidad del título, que bien podrá ser acogida favorablemente por el juez si corresponde (eso dependerá de los hechos concretos).

Ahora bien, entiendo que el Consorcio, en virtud de la libertad de contratar garantizada por el Art.14 de la Constitución Nacional, puede contratar empresas de limpieza o empresas de seguridad y vigilancia (tercerizadas) sin estar obligada a contratar directamente personal para limpieza o vigilancia. La jurisprudencia admitió esta postura –respecto a la contratación de una empresa de vigilancia privada- en los siguientes términos:

Los trabajadores que prestan servicios de seguridad y vigilancia en el consorcio accionante son empleados de una empresa cuya actividad es prestar servicios de seguridad y vigilancia a terceras empresas. Desde esta perspectiva, estos empleados se encuentran fuera del ámbito de aplicación del convenio aplicable al personal del consorcio, y ello permite concluir que las entidades demandadas (SUTERH, OSPERYH y FATERYH) carecen de toda legitimación para exigir el cobro de aportes y contribuciones de estos empleados, por cuanto dichas entidades no ostentan representación gremial respecto de los trabajadores, a quienes no le son aplicables las normas convencionales de los trabajadores de casa de renta y propiedad horizontal, sino las que regulan la actividad de las empresas de seguridad y vigilancia. (SENTENCIA 19 de Octubre de 2015. CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO. CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Sala 08)

Por otra parte, y a modo de ejemplo, tuvo favorable acogida la excepción de inhabilidad de título en los siguientes casos jurisprudenciales:

  1. OBRAS  SOCIALES.  Cobro  de  aportes  y contribuciones. Título ejecutivo. Requisitos. Inhabilidad de título. «En  una  ejecución  fiscal,  para  que el certificado de deuda invista  la  calidad  de  título  ejecutivo, su contenido debe reflejar,  necesariamente, el procedimiento administrativo que contempla la ley en la materia. La excepción de inhabilidad de título  será articulable cuando no se hubiere cumplido con los trámites  administrativos  exigidos para el libramiento de una boleta  de  deuda  o  del  referido  título  ejecutivo (Fallos 288:416). De esa forma se persigue evitar que sobre la base de esos documentos expedidos en forma unilateral y bajo el amparo de   reglas   procesales   estrictas,  se  deje  indefenso  al administrado.»(Herrero-Etala-Fernández. 9501/1997.    «O.S.PE.CON. c/ COAR-CO S.C.A. «. 28/04/00 C.F.S.S., Sala II, sent. 79081.)
  2. OBRAS  SOCIALES.  Cobro  de aportes y contribuciones. Impugnación de  deuda.  Rechazo. Notificación. Res. Grales. A.F.I.P. 247/98 y 79/98. «Debe  confirmarse  la  sentencia que hizo lugar a la excepción de inhabilidad  de  título,  si  para decidir de ese modo el juez «a quo»  tuvo  en  cuenta  que  la  carta  documento  con  la que la ejecutante  pretendió  notificar  a la demandada el rechazo de su impugnación   no   fue   recibida   por  el  destinatario  y,  en consecuencia,   no   se   había  cumplido  estrictamente  con  el procedimiento  administrativo  establecido  en  las  Resoluciones Generales  A.F.I.P.  Nro.  247/98 y 79/98 -particularmente con lo dispuesto  en  el  punto  7 a) del Anexo I de la citada en último término-,  afectando  el  derecho  de  defensa  en  juicio  de la ejecutada. Fasciolo-Poclava Lafuente-Laclau. exp. 3850/2000.»  («OBRA  SOCIAL  PERSONAL  EDIFICIOS  DE  RENTA  Y HORIZONTAL DE LA REPÚBLICA  ARGENTINA  c/  Consorcio  de Propietarios del Edificio Avda. de los Incas 3129 y 3135». 30/05/02 sent. int. 75292. Cámara Federal de la Seguridad Social. Sala III.)
  3. OBRAS  SOCIALES.  Aportes  y  contribuciones.  Intervención de la A.F.I.P. Recurso de revisión. Resoluciones 247/98 y 109/99. «Atento  los  estrictos  términos  del  art.  18  de  la  C.N., la garantía  del derecho de defensa se reafirma con la interposición del  recurso  de  revisión  por  ante la A.F.I.P., pues el efecto suspensivo  del  mismo (frente a la exigencia del depósito previo para  el  de  apelación  por  ante  la  Cámara),  le  permite  al peticionario    asegurarse   la   posibilidad   de   obtener   la interpretación  que  el  órgano  supervisor de la materia efectúe del  objeto del litigio,  a través de un procedimiento en el que, tal   como  ha  señalado  la  jurisprudencia  de  nuestro  Máximo Tribunal,  se  deberá  siempre  «asegurar  que  en  supuestos  de ejercicio   de  funciones  jurisdiccionales  por  órganos  de  la Administración,  ninguna persona sea objeto de sanción sin que su caso  haya  sido  considerado  por  funcionarios imparciales; sin haber  sido  notificada de la existencia del procedimiento que se le  sigue o ha seguido; y sin que además, se le dé oportunidad de ser  oída,  y  de  probar  de  algún modo, los hechos que creyere conducentes  a  su descargo» (Fallos 198:78, entre muchos otros). Una  vez  cumplido  ese  procedimiento, se abrirá -en su caso- la instancia  judicial  mediante el recurso de apelación por ante la C.F.S.S.,  permitiendo  así  su  amplio  debate  en  los estrados judiciales.» (Herrero-Etala. exp. 4425/2001.    «CONSORCIO  DE  PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DE LA CALLE NEUQUÉN 647 c/ A.F.I.P. – D.G.I.». 21/12/01 sent. def. 86595. Cámara Federal de la Seguridad Social. Sala II)
  4. OBRAS  SOCIALES.  Cobro de aportes y contribuciones. Excepciones. Inhabilidad de título. «La  habilidad  del  título  ejecutivo  por  cobro  de  aportes  y contribuciones  de  las obras sociales en el juicio de apremio es viable  siempre  que  el  título  emitido  por  aquéllas  sea  el producto  de  un procedimiento previo de naturaleza publicística, de  manera  que el mismo tenga su origen en el acta de inspección y  en  el  procedimiento  que  se  tramita en su consecuencia, es decir,  que el título no puede ser producto del voluntarismo sino que   conlleva   una   instrucción   con  fundada  pretensión  de objetividad  (cfr.  C.F.S.S.,  Sala  I, sent. del 21.04.98, «Obra Social   de   Pasteleros,   Confiteros,   Heladeros,  Pizzeros  y Alfajoreros  de  la R.A. c/ Cabrera, Carlos Alberto»; ídem, sent. del  30.12.98,  «O.S.P.E.R. y H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios del    Edificio    Independencia   456/72»).   En   consecuencia, corresponde  confirmar  la  sentencia  que  rechazó  las defensas deducidas  y  mandó llevar adelante la ejecución, si conforme las constancias  de  autos  es  posible  concluir  que  los  recaudos señalados  han  sido cumplidos, toda vez que el título con el que se  inició  la  ejecución  fue  el  producto  final  del  trámite previsto  en  el  art. 24 de la ley 23.660 y las reglamentaciones pertinentes (Res. INOS 475/90 y art. 21 del Dec. 576/932).»(Maffei-Chirinos-Pérez Tognola. exp. 54931/2009.   «OBRA  SOCIAL  DEL  PERSONAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN c/ Arquifusión S.R.L. s/Ejecución ley 22.660». 17/02/11 sent. int. 81891. Cámara Federal de la Seguridad Social. Sala I.)

 

 

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