Obligación de Alimentos de los padres a los hijos

La legislación argentina regula la obligación de alimentos de los padres a los hijos. Los alimentos o mejor dicho la prestación de alimentos, suponen un derecho y un deber, es un derecho para el alimentado y un deber para el alimentante. La obligación alimentaria es uno de los deberes a cargo de los progenitores que ha tenido una importante evolución doctrinal y jurisprudencial gracias a la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 27), hoy con rango constitucional.

Nuestra Ley dice que “Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún (21) años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.” (Art.658 del CCyC)

De esta forma se establece la obligación y el derecho de los progenitores de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna. Y se ordena que la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años, excepto que el hijo de 18 años o más cuente con suficientes recursos, la carga de la prueba compete al obligado.

“La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado.”(Art.659 del CCyC)

Según las posibilidades del o los alimentantes y las necesidades del alimentado la obligación alimentaria puede ser cumplida:

  • en dinero o
  • en especie,

Cuando decimos que la obligación alimentaria puede ser cumplida en especie, comprendemos con esto a las tareas del cuidado personal del hijo. Precisamente el Art. 660 del CCyC reconoce que “Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención”. Por consiguiente tienen valor económico las tareas personales que realiza el progenitor que tiene a su cargo el cuidado personal del hijo, por lo que debe ser considerado un aporte.

El incumplimiento de la prestación de alimentos puede ser demandada judicialmente.

En tal caso, el progenitor que falte a la prestación de alimentos puede ser demandado por:

  • el otro progenitor en representación del hijo;
  • el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada;
  • subsidiariamente, cualquiera de los parientes o el Ministerio Público.

Todo ello porque en realidad la legitimación activa en el juicio de alimentos la tiene el hijo:

  • representado por el otro progenitor
  • con asistencia letrada si tiene grado de madurez suficiente
  • La legitimación activa subsidiaria la tiene el Ministerio Público o cualquiera de los parientes.

Por otra parte, una gran cantidad de disposiciones del Código Civil y Comercial exigen recabar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, agregándose que ésta manifestación debe ser valorada de conformidad con la edad y el grado de madurez. En consonancia con el principio de autonomía progresiva, se recepta la siguiente relación inversamente proporcional: “a mayor desarrollo madurativo disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos” (artículo 3, 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y arts. 3, 24 y 27 de la ley 26.061).

Siguiendo las recomendaciones internacionales, en nuestra legislación no se establece una edad para que los niños sean escuchados, siendo ésta un elemento a ser tenido en cuenta sólo a los fines de la valoración.

Uno de los temas que más debates ha generado la ley 26.061 (Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes) es el relativo a la defensa técnica de niños y adolescentes mediante su intervención o participación activa, con su propio patrocinio letrado, cuando existen intereses contrapuestos con los de sus progenitores. El Código Civil y Comercial (Art.26) permite la actuación del “abogado del niño” cuando los niños y adolescentes lo soliciten de manera expresa, y en determinados supuestos o situaciones especiales, en particular, cuando involucra a hijos adolescentes.

El deber de alimentos de los padres a los hijos se extiende hasta los 21 años aunque la mayoría de edad se alcance a los 18 años.

“El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún (21) años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas.

Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes.” (Art. 662 del CCyC)

Uno de los temas más debatidos después de la sanción de la ley 26.579 (que establece la mayoría de edad a los 18 años –En el Código Civil y Comercial se establece en el Art. 25) es el relativo a la extensión de la obligación alimentaria hasta los 21 años, en particular, cuando los hijos continúan conviviendo con uno de los progenitores. Como regla, el deber alimentario se extiende hasta los 21 años de edad; nada debe probar el hijo que los reclama; es el padre que intenta liberarse de la obligación el que debe acreditar que el hijo mayor de edad puede procurárselos (Art. 658 del CCyC).

Ahora bien, dado que los alimentos deben cubrir algunos gastos del hogar, la ley concede legitimación al progenitor conviviente para obtener la contribución del otro al sostenimiento de dichos gastos pues de lo contrario ellos recaerían exclusivamente sobre el progenitor conviviente.

Otra solución consiste en que las partes de común acuerdo, o el juez a pedido de parte, fije dos sumas: una para ser percibida por el progenitor conviviente para cubrir los referidos gastos, la otra para ser percibida por el hijo para solventar sus gastos personales.

El deber de alimentos de los padres a los hijos se extiende hasta los 25 años para el hijo que estudia.

“La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco (25) años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.

Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive, debiendo acreditarse la viabilidad del pedido.”(Art.663 del CCyC)

Entonces los hijos mayores de 21 años que prosiguen sus estudios, tienen derecho a alimentos hasta los 25 años, supuesto especial que ya había sido reconocido jurisprudencialmente antes del dictado del CCyC en algunas oportunidades,

En algunos países, este derecho a alimentos del hijo mayor de edad, se otorgan sin límite de edad, como en Francia, Italia, Suiza, España; en otros, se fija un tope etario como en Panamá, Chile, Nicaragua, Perú, San Salvador, Costa Rica, Ecuador, etc.

El hijo no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios.

“El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios el juez debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa carga esté incumplida.”(Art.664 del CCyC)

De esta forma se regla la posibilidad de solicitar alimentos provisorios a favor del hijo no reconocido en el marco de un proceso de reclamación de paternidad, o aún antes cuando se acredita la verosimilitud del derecho.

La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto.

En nuestra actual legislación “La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada.” (Art.665 del CCyC)

Todo ello en conformidad con lo contemplado en varias legislaciones del moderno derecho comparado es el de los alimentos a favor de la mujer embarazada, a quien se legitima para solicitar esa prestación al presunto padre. Esta es la línea legislativa que siguen, entre otros, el Código Civil francés (artículo371-4), el Código Civil suizo (artículo 274); el Código de Familia de El Salvador (artículo 217) y el Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador (artículo 148).

En el cuidado personal compartido y alternado se cumple la obligación alimentaria siempre y cuando los recursos de los progenitores sean equivalentes.

“En el caso de cuidado personal compartido en la modalidad alternada, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado; si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquél que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 658.” (Art.666 del CCyC)

Entonces, en los casos de custodia personal compartida en su modalidad alternada, si los recursos de ambos progenitores son equivalentes, cada uno se hace cargo de la manutención del hijo durante el tiempo que permanezca con cada uno de ellos; de lo contrario, se deberá tener en cuenta el caudal económico de cada uno, si no es así el que cuente con mayores recursos debe pasar una cuota alimentaria al otro.

Hasta aquí hemos repasado sintéticamente el marco legal argentino que regula la obligación de alimentos de los padres a los hijos.

Ir arriba