Remuneración del Directorio de una Sociedad. Tope legal.

¿Se resolvió un aumento de la remuneración del Directorio de la Sociedad en una Asamblea? ¿Piensa usted que no está justificado? ¿Sabía que existe un tope legal para fijar la remuneración del directorio y del consejo de vigilancia?  Para saber qué puede hacer si usted no está de acuerdo, debe conocer los instrumentos legales con los que cuenta. Por un lado veamos qué dice la Ley General de Sociedades Comerciales N° 19.550 y por otro lado y seguidamente tomaremos un ejemplo de un caso real.

ARTICULO 261. — El estatuto podrá establecer la remuneración del directorio y del consejo de vigilancia; en su defecto, la fijará la asamblea o el consejo de vigilancia en su caso.

El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del directorio y del consejo de vigilancia en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) de las ganancias.

Dicho monto máximo se limitará al cinco por ciento (5%) cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas, y se incrementará proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar aquel límite cuando se reparta el total de las ganancias. A los fines de la aplicación de esta disposición, no se tendrá en cuenta la reducción en la distribución de dividendos, resultante de deducir las retribuciones del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

Cuando el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico administrativas por parte de uno o más directores, frente a lo reducido o a la inexistencia de ganancias impongan la necesidad de exceder los límites prefijados, sólo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si fuesen expresamente acordadas por la asamblea de accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos del orden del día.

Entonces y de acuerdo a lo ordenado por este artículo:

  • la remuneración del directorio se puede establecer en el estatuto de la sociedad comercial
  • la misma no puede exceder el 25% de las ganancias
  • para que sea factible exceder el tope legal del 25% debe ser acordado el aumento por la asamblea de accionistas, siempre frente a lo reducido o a la inexistencia de ganancias.

Por consiguiente  la remuneración se fija en el estatuto, pero si no está fijada en el estatuto se puede fijar en la asamblea general ordinaria aunque no lo diga el artículo. El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del directorio y del consejo de vigilancia en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico administrativas de carácter permanente, no podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) de las ganancias. De esta forma, el monto máximo de retribución del directorio, está ligada al éxito de la sociedad.

¿Qué puede hacer usted como socio si no está de acuerdo con el aumento de la remuneración otorgado al director en una asamblea (aunque haya sido resuelto por mayoría), porque lo considera injustificado?

Por un lado, usted puede impugnar la decisión de la asamblea, así lo dispone la Ley General de Sociedades:

ARTICULO 251. — Toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los accionistas que no hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por los ausentes que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. Los accionistas que votaron favorablemente pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio de la voluntad.

También pueden impugnarla los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o la autoridad de contralor.

Promoción de la acción.

La acción se promoverá contra la sociedad, por ante el Juez de su domicilio, dentro de los tres (3) meses de clausurada la asamblea.

Por el otro lado y además puede trabar una Medida Cautelar (requiere fianza que puede ser el embargo voluntario de las propias acciones) para suspender la ejecución de lo decidido en la asamblea, así lo dispone la Ley 19.550:

Suspensión preventiva de la ejecución.

ARTICULO 252. — El Juez puede suspender a pedido de parte, si existieren motivos graves y no mediare perjuicio para terceros, la ejecución de la resolución impugnada, previa garantía suficiente para responder por los daños que dicha medida pudiere causar a la sociedad.

Un ejemplo de un caso real ocurrido en Rosario es el de los autos caratulados: «POZZO, Daniel Roque contra HERRACORT S.A. sobre Impugnación de Asamblea», causa nº 288-2011 resuelto por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Sala I de Rosario, en que se rechazó la apelación interpuesta por la demandada y se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la Medida Cautelar explicada arriba. El juez, cuya sentencia quedó confirmada expresó lo siguiente:

«El judicante, en este análisis, propio de la provisoriedad de la medida, no advierte y la demandada no explicita «en función de qué pautas económico-financieras, o en base a qué previsiones y proyecciones, puede sustentarse una remuneración mensual de los directores del orden de $ 25.000.- cuando el resultado del último ejercicio inmediato anterior arrojó utilidades en el orden de $ 1.900.-«. El a-quo ponderó también que la accionada al contestar el traslado respectivo, invocó la excepción del art.261, último párrafo, de la LS (ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico administrativas que permitirían exceder los límites allí establecidos), pero agregó que este argumento «además de lo que se dirá luego, pasa por alto que, precisamente, se trata de una excepción que debió aparecer fundamentada y explicada de manera concreta y eficaz. No basta la mera invocación de la norma o la enunciación genérica consignada en el acta» (cita doctrina especializada que trae a colación la jurisprudencia que ha ratificado tales exigencias, al requerir que la decisión de la asamblea que resuelva superar los límites legales debe ir acompañada de los debidos fundamentos del caso como para justificar el exceso; siendo los límites de orden público, al estar en directa relación con el riesgo empresario, la defensa del interés social y el derecho inderogable de los socios de participar en los beneficios obtenidos por la sociedad). El judicante agregó que lo decidido por la asamblea representa la fijación anticipada y definitiva de los honorarios de los directores (no retiros anticipados), extremo que, en principio, «contradice la letra del art.261 de la LS, en cuanto es imperativo previamente evaluar el resultado del ejercicio para luego asignarlo». En punto al peligro en la demora, consideró que si bien la decisión se viene ejecutando, no puede constituir sustento válido para impedir la revisión de aquélla, si, como en el caso, se perfilan los presupuestos del art.252 de la LS, ni reprenda un obstáculo que el objeto de la cautelar coincida con el objeto de la demanda, al tratarse de una medida innovativa expresamente prevista en la norma citada. Finalmente, sostiene que la garantía ofrecida, embargo voluntario sobre su participación accionaria, resulta suficiente, teniendo en cuenta que «la contracautela, por principio general, está pensada para los casos en que la medida se despacha inaudita parte lo que no ha ocurrido en los presentes. Además, la jurisprudencia ha aceptado este medio de garantía»

Ahora usted conoce las soluciones jurídicas para impugnar una asamblea, las medidas cautelares prevista por la Ley General de Sociedades Comerciales 19.550 y las cuestiones atinentes a la remuneración del directorio, su tope, condiciones y modificaciones.