El juez ideal para un sistema oral

La oralidad en el proceso civil pone el acento en la actuación del juez. En un sistema oral el juez cumple un rol activo, por ello me parece interesante hacer algunas distinciones entre tipos de jueces (en un sentido muy genérico y estereotipado), según sean los roles que cumplan:

a) El juez activista

El juez ideal para un sistema oral es un juez activista. Es decir un juez que proscriba el abuso procesal, que por ejemplo dicte medidas para mejor proveer (cuando ya se ha producido prueba y además fundamente tal medida); en este aspecto el juez puede traer pruebas no hechos. Se trata de un juez creativo, un juez que invente la solución del conflicto y que como indica el proyecto de generalización de la oralidad civil, intente una conciliación en la primea audiencia y en caso de no producirse, fije entonces un plan de trabajo para llegar a la segunda audiencia concentrada.

Este juez ideal, es el recomendado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Dice Peyrano (1) que este magistrado se reconoce porque cumple al menos alguna de las notas que lo describen: Es realista – sabe escoger el sayo adecuado según fuere la índole de la causa. “Lo elogiable no es ser el juez, más justo o el más expeditivo, sino el que corresponde ser en el caso”-; entiende que el fin del proceso es hacer realidad los derechos de fondo; es un ponderador de valores; ejerce una jurisdicción preventiva; es creativo –en tanto es capaz de generar nuevas herramientas procesales –como oportunamente fueron creadas las cargas probatorias dinámicas, la medida autosatisfactiva, la reposición in extremis, la medida cautelar innovativa, las astreintes no pecuniarias, las medidas anticautelares, entre otras; no privilegia a la demandada en sentido de que tiene en miras el debido proceso que ampara a ambas partes; propone la búsqueda razonable y acotada de la verdad histórica, dicta pruebas de oficio siempre que se haya producido prueba y sea necesario (el juez no introduce hechos, y se limita a la base fáctica sustentada por las partes); proscribe el abuso procesal.

b) El juez director. A medio camino.

En los documentos oficiales de la nación con los se fundamenta el proyecto de oralidad en el proceso civil (2), se hace expresa referencia al paradigma del juez director, y se introduce en el tema con los siguientes términos: “La doctrina procesal civil local ha sido dominada en las últimas décadas por el paradigma del “juez director”. Al menos desde la sanción del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) en 1968 —y a partir de ese momento en grado creciente en las reformas posteriores— el rol del juez se estructuró alrededor de un conjunto de actividades instructorias u ordenatorias que se resumen en el abanico de potestades con que cuenta y la consecuente incidencia de su actividad en cada proceso”.

Más adelante, se comenta la historia de estas ideas y se fundamentan algunas interpretaciones, diciendo que: “La tendencia a ampliar las facultades del juez se manifestó principalmente entre los autores formados bajo la influencia de la escuela procesal italiana. En 1909 Chiovenda expresaba que el proceso germano y austríaco se caracterizaba por el aumento de los poderes del juez; la injerencia del juez en la litis para el rápido y mejor despacho de los procesos representa más que un principio, es el espíritu general que anima estas leyes.
Su fundamento no es sino la autoridad moral de que el juez ha de gozar. Sentís Melendo se ocupó de destacar la época en que se expresara Chiovenda para desvirtuar los cuestionamientos de quienes confunden la posición del juez como director del proceso civil con tendencias políticas imperantes en otro momento de la historia. Es que el paradigma del “juez director” alcanzó su esplendor en tiempos de totalitarismos (década de 1940), pero no al amparo de esa tendencia política, sino a pesar de ella. De hecho, Chiovenda ya difundía y defendía esas ideas en 1901, mucho antes de que se impusiera en su país el autoritarismo político”(3) .

Además se recuerda que: “En el Proyecto Couture la dirección del proceso fue confiada al juez. Decía Couture que “El nuevo Código debe ajustarse al sistema democrático consagrado en la Constitución. Se desecha en consecuencia, la tendencia llamada ‘autoritaria’, que subordina la voluntad de los particulares al arbitrio judicial. Se deben reforzar los poderes del juez porque esta solución es genuinamente democrática y tiene en Inglaterra y en los Estados Unidos sus más altas expresiones. Pero la iniciativa y la disponibilidad del proceso deben permanecer en manos de las partes. Para Couture, “la experiencia enseña que en un proceso sin una dirección judicial y certera, la dirección queda en manos del contendiente más astuto. Políticamente hablando, el proceso debe quedar en manos de la autoridad para que no quede en manos del más aprovechado”(4) .

“Ese movimiento doctrinario se tradujo en normas positivas que plasmaron el paradigma del juez como “director del proceso”, que lo conduce y ordena con la amplitud de facultades consagradas legislativamente en el ámbito nacional en el art. 34 CPCCN, en cuanto dispone que incumbe a los jueces “dirigir el procedimiento”. A su vez, el art. 35 del Código nacional otorga al juez facultades disciplinarias. En otros capítulos el cuerpo adjetivo habilita a los jueces a imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas, reprimir la inconducta procesal, imponer multa a quien hubiese impedido la apertura de la vía ejecutiva como consecuencia de negar su condición de inquilino y a quien desconoce falsamente su firma en la preparación de la vía ejecutiva. No deben olvidarse tampoco las facultades ordenatorias, conciliatorias e instructorias que consagra el art. 36 del Código nacional”(5) .

“A partir de la reforma de Klein a la Z.P.O. austríaca, una nueva época se ha abierto en la historia procesal civil, en la que, frente a la figura del juez ‘vigilante’ del liberalismo, se ha opuesto la del juez ‘director’ del procedimiento, especialmente comprometido en la rápida y eficaz composición del conflicto y en la satisfacción exclusiva de aquellas pretensiones que, dentro y fuera del proceso, se encuentran fundadas en el derecho objetivo”(6) .

Ahora bien, el “juez director”, como puede apreciarse ya fue receptado por la legislación positiva, sin embargo, aún no alcanza, parece ser necesario un juez administrador que tiene las características del director pero comprende algunas más que lo definen y determinan. Con el nombre de “juez administrador” lo plantea el proyecto de oralidad.

c) El juez administrador. Un juez activo.

El juez administrador, responde al sistema del case manegement norteamericano. En el documento oficial del proyecto argentino se refiere a éste mencionando a Couture en los siguientes términos: “Ya en 1945, y desde su indiscutida genialidad, Couture se adelantaba a su tiempo diciendo que ‘el impulso del proceso, es decir, la fuerza que lo conduce desde la demanda hasta la sentencia, debe desplazarse hacia el juez’. A los litigantes quedará solo reservada la facultad de iniciar el litigo o de ponerle fin cuando lo deseen. Si bien adhería al paradigma del “juez director”, en realidad Couture —que, como demostramos en un trabajo anterior (Sprovieri, 2001-2002), había tenido contacto con el embrionario case management norteamericano de las Federal Rules of Civil Procedure de 1938— ya observaba la anomalía, aunque la ciencia normal de su tiempo todavía no permitiera descubrir el nuevo paradigma” .

Seguidamente se expresa que “La madurez de la ciencia procesal actual permite, ahora sí, declarar que el juez debe superar el rol de “director” del proceso, para convertirse en su “administrador”. Y en ese nuevo rol —sin abandonar las facultades o deberes concedidas al calor del paradigma anterior— debe sumar una función primordial: administrar el escaso recurso “tiempo del proceso”. Al dominar el juez el tiempo del proceso, incidirá directamente en los esfuerzos, el costo y, a la postre, en la mejor consecución del ideal de justicia, haciendo realidad la tutela jurisdiccional más efectiva de todas: la tutela oportuna a un costo razonable. Para que esa administración sea una realidad, la única herramienta realmente efectiva son los tiempos límites del proceso. Es decir, sin abandonar por completo el concepto de plazos procesales, es necesario que el juez establezca —en cada caso y de acuerdo a su prudencia— las fechas fatales que se consideraran como última oportunidad para cumplir con un acto procesal determinado o producir determinada prueba” .

Es que, precisamente el proyecto indica que el juez fijará un “plan de trabajo, en la medida de lo posible, convenido con las partes, con fechas precisas, para llegar con la mayor rapidez y eficiencia posible a una audiencia de juicio concentrada”. Entonces el juez, es un gerente que administra tiempos y recursos. Case Management en su traducción más pura es “Manejo de Casos”, mientras que Management se traduce como “Administración”. Claro está, que estas sencillas traducciones no identifican lo que es el Case Management como sistema de resolución de conflictos y mejor aún como Gestión Judicial –traducción que también admitimos y con especial relevancia-, pues existe en ella toda una filosofía de actuación judicial y reglas establecidas en su forma norteamericana.

NOTAS:

(1) PEYRANO, JORGE W., “Sobre el activismo judicial”, en “Nuevas Tácticas Procesales”, Ed. Nova Tesis. PEYRANO, JORGE Y PEYRANO, FEDERICO. “El activismo judicial” artículo publicado en internet. PEYRANO, Jorge. El rol del juez actual, vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hfMm35oZatE

(2) Nueva gestión judicial. Oralidad en los procesos civiles. Artículo: El juez como administrador del proceso judicial. Luis Eduardo Sprovieri. Jorge Enrique Beade. Publicado en SAIJ.

(3) Nueva Gestión…Ob. Citada. En cita a SENTÍS MELENDO, S. (1957). El proceso civil. Estudio de la reforma procesal argentina. Bs. As.: Ediciones Jurídicas Europa-América

(4) Nueva Gestión…Ob.Citada En cita a COUTURE, E. j. (1945). Proyecto de Código de Procedimiento Civil con Exposición de Motivos. Bs. As. Depalma.

(5) Nueva Gestión…Ob.Citada.

(6) GIMENO SENDRA, Causas históricas de la ineficacia de la Justicia, en The Eight World Conference on Procedural Law, Justice and Efficiency, W. Wedekind ed., Kluwe, 1987, pág. 36

 

 

Ir arriba