Regímenes Patrimoniales del matrimonio en el nuevo Código.

SECCIÓN 3ª

Disposiciones comunes a todos los regímenes

ARTÍCULO 454.- Aplicación. Inderogabilidad. Las disposiciones de esta Sección se aplican, cualquiera sea el régimen matrimonial, y excepto que se disponga otra cosa en las normas referentes a un régimen específico. Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al matrimonio, excepto disposición expresa en contrario.

Con este artículo comienza la enunciación de normas comunes a todos los regímenes, inderogables por los cónyuges, destinado a la protección de los intereses familiares comprometidos.
Las disposiciones comunes tienen los siguientes caracteres:
* Imperativas
* Inderogables
* De orden público
Su fundamento está dado en la solidaridad familiar que debe prevalecer en el orden patrimonial.
Las disposiciones comunes tienen diferentes denominaciones en el derecho comparado; así en el sistema francés se habla de régimen matrimonial primario imperativo o de estatuto de base o de estatuto fundamental.
En esta sección común se regula: el deber de contribución; la protección de la vivienda mediante la necesidad del asentimiento del cónyuge no titular y las consecuencias de su ausencia, falta o negativa; el mandato entre cónyuges; la responsabilidad por deudas y la administración de cosas muebles no registrables.

ARTÍCULO 455.- Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos.

Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas.

a) Objeto del deber de contribución
Los cónyuges deben contribuir:
*A su propio sostenimiento
*Al del hogar
*A las necesidades de los hijos comunes y a los hijos incapaces de uno de los cónyuges que conviven con ellos.
Acerca de cuál es la extensión a dar al deber de contribución en el hogar se puede entender que las necesidades que los cónyuges están obligados a contribuir son las necesidades “ordinarias” del hogar. Ellas comprenderán la compra de comestibles y vestimentas, honorarios médicos y odontológicos, gastos de farmacia, cuotas de mutuales que cubren gastos de enfermedades, prima de seguro contra enfermedad o accidentes personales, salarios del personal de casas de familia y sus complementarios, gastos reclamados por el trato social, vacaciones, adquisición y alquiler de la vivienda, su amoblamiento y provisión de artefactos, expensas comunes a los propietarios de inmuebles..
b. Bienes con los que se responde por el deber de contribución
En el sistema anterior de acuerdo al art. 6° de la ley 11.357 para atender a las necesidades del hogar y al mantenimiento de los hijos que habiten en él, el cónyuge que contrajo la deuda respondía con todo su patrimonio; y el otro lo hace sólo con los frutos de los bienes propios y los frutos de los bienes gananciales.
En esta nueva legislación se prevé que ambos cónyuges respondan con todo su patrimonio por las necesidades del hogar y de los hijos, sin hacer distinción entre quien contrajo la deuda y su cónyuge (ver artículo 461 de este Código)
Por otro lado, es de notar que al momento en que fuera sancionado el Código de Vélez, se tuvo en cuenta como consigna que “el marido era el principal sostén de la familia y que la mujer estaba, fundamentalmente, dedicada a la crianza de los hijos y a la vida doméstica.
Mientras que hoy, esos roles cambiaron. No sólo ambos cónyuges están insertos en el mundo laboral, desarrollando diversas actividades, sino que, además, los dos contribuyen al sostenimiento de la familia, por ello se establece el Deber de Contribuir al sostén del hogar en proporción a los recursos que cada cónyuge es capaz de generar.
Por último, la norma prevé la facultad de demandar un cónyuge a otro por el incumplimiento del comentado Deber de Contribuir.

ARTÍCULO 456.- Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial.

La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro.

La novedad de la disposición que se propone hace necesario analizar:
* la extensión a dar al término vivienda familiar,
*la determinación exacta de los actos que requieren el asentimiento del cónyuge
* los muebles
* la forma del asentimiento
* el grupo familiar que debe convivir en la vivienda común; innecesariedad de la existencia de hijos
a. Extensión a dar a la expresión vivienda familiar
El Código hace alusión a vivienda familiar sin precisar la noción exacta de ella. Puede considerarse como tal aquella en la que el grupo familiar, o los cónyuges exclusivamente si no hubiera hijos, tiene instalada su residencia conjunta, permanente y habitual.
De acuerdo con esto, se excluye de esta noción las llamadas “segundas residencias”, esto es, las que sólo ocasionalmente sirven a la finalidad de alojamiento de la familia, bien porque se trate de viviendas de temporada, bien porque sean ocupadas exclusivamente por uno o varios de sus miembros (por ejemplo, en el supuesto de que uno de los cónyuges deba desplazarse a otra ciudad por motivos profesionales o de que los hijos realicen sus estudios fuera de su lugar de origen).
En el primer caso, es la falta de habitualidad en el uso lo que permite excluir aquellas viviendas del concepto de vivienda familiar. En el segundo, por el contrario, es la circunstancia de que el disfrute no sea conjunto -aunque la permanencia pueda ser de hecho muy prolongada-, unido a la ausencia de un ánimo de que dicha vivienda constituya la residencia habitual (y no un mero alojamiento durante el tiempo en que se desempeñen los estudios o la profesión.,
Parece correcto acoger una interpretación restrictiva sobre el concepto de vivienda familiar y entender que solamente concurre dicha condición en el inmueble que el grupo familiar en su conjunto destina preferentemente -tanto en lo que respecta al tiempo como a su voluntad de permanencia- a la finalidad de alojamiento.
b. Actos que requieren el asentimiento
El artículo 1277 del Código derogado establecía que para disponer del inmueble en que está radicado el hogar conyugal se requiere del asentimiento de ambos cónyuges.
Este Código en cambio, propone una norma más amplia porque habla de disponer de los” derechos sobre la vivienda”.
La fórmula “derecho sobre la vivienda” es más amplia que actos de disposición y comprende todos los actos de disposición de contenido real, es decir la venta, permuta, usufructo, uso y habitación y también los actos de disposición de tipo personal como la locación y el comodato.
En definitiva los actos que requieren asentimiento son todos aquellos que impiden el uso de la vivienda por los cónyuges.
c. Las cosas muebles
La norma en análisis se refiere a los muebles indispensables del hogar. En estos deben entenderse comprendidos los elementos mínimos para el desarrollo de la vida conyugal para cuya determinación tendrá importancia toda la jurisprudencia relativa a la embargabilidad de bienes. El mobiliario al igual que la vivienda debe tener un uso familiar, no sólo en la familia en su conjunto sino de cualquiera de sus miembros.
El fundamento del precepto parece claro: se trata de salvar el alojamiento del matrimonio y los muebles que lo guarnecen de la arbitrariedad o mala voluntad del cónyuge que puede disponer de ellos: dueño o arrendatario; es decir, de impedir que un cónyuge pueda, por sí, dejar al otro en la calle, o en una casa sin amueblar, ni aunque sea el dueño de la habitación o el mobiliario.
d. Innecesariedad de la existencia de hijos
El artículo 1277 del Código derogado disponía que sea necesario el asentimiento de ambos cónyuges para disponer del inmueble en que está radicado el hogar conyugal si hubiera hijos menores o incapaces.
Este Código no contiene el requisito de la existencia de hijos, la protección a la vivienda común se otorga desde el nacimiento del matrimonio aun cuando no existiera descendientes. Basta para otorgarla que en el hábitat convivan los cónyuges independientemente de la existencia de hijos.
e. Ejecución de la vivienda
Se limita la posibilidad de ejecución de la vivienda común por los acreedores de uno solo de los cónyuges a fin de evitar que mediante el endeudamiento el propietario de la vivienda comprometa a ésta sin intervención del otro cónyuge.
La vivienda familiar puede ser ejecutada por deudas contraídas con anterioridad al matrimonio o por las que hayan sido celebradas conjuntamente por ambos cónyuges o por uno de ellos con el asentimiento del otro.
Ningún cónyuge podrá sin el asentimiento del otro disponer sobre los derechos de la vivienda familiar, que tampoco podrá ser ejecutada por deudas contraídas durante el matrimonio.

ARTÍCULO 457.- Requisitos del asentimiento. En todos los casos en que se requiere el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos.

Estas disposiciones dejan de lado la utilización del término consentimiento empleado en el artículo. 1277 del Código Civil de Velez y criticado unánimemente por la doctrina, en su lugar correctamente requiere del asentimiento y lo extiende no sólo al acto en sí, sino también a sus elementos constitutivos (precio, plazos para el pago, garantías, etc.). En caso de negativa a prestar el asentimiento, se puede solicitar la venia judicial supletoria.

ARTÍCULO 458.- Autorización judicial. Uno de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto que requiera el asentimiento del otro, si éste está ausente, es persona incapaz, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el interés de la familia. El acto otorgado con autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo.

La autorización judicial sólo puede ser dada para que el cónyuge titular realice el acto de asentimiento, pero no es válida para autorizar al no titular a realizar el acto de disposición, es decir, el juez no puede obligar al dueño de la vivienda a realizar un acto a pedido de su cónyuge, debe limitarse a dar su autorización cuando el otro la niegue y no esté comprometido el interés familiar.

ARTÍCULO 459.- Mandato entre cónyuges. Uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye, pero no para darse a sí mismo el asentimiento en los casos en que se aplica el artículo 456. La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones.

Excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos.

El mandato entre cónyuges estaba permitido por el Artículo 1276 del código derogado. Si bien responde a las regulaciones comunes del mandato, reconoce las siguientes diferencias y notas:
a) Se excluye la obligación de rendir cuentas del mandatario, que es regla en el mandato. Por lo tanto, corresponde al mandatario la percepción de frutos y rentas. El fundamento acata el particular vínculo que une a los esposos, evita conflictos entre un cónyuge y los herederos.
La exclusión no libera al mandatario de toda responsabilidad. Lo contrario configuraría un abuso del derecho. Ante una conducción sospechosa de ánimo doloso, las cuentas pueden pedirse como medio de comprobar el abuso y hacer efectiva la responsabilidad emergente.
b) La novedad de este artículo está dada porque expresamente dispone que la obligación de rendir cuentas pueda pactarse.
c) Otra de las novedades es que expresamente se dispone que el asentimiento del otro cónyuge no pueda ser suplido mediante el poder o que este le hubiere otorgado.Es decir que no procede el mandato para asentir en la disposición de la vivienda familiar.

ARTÍCULO 460.- Ausencia o impedimento. Si uno de los cónyuges está ausente o impedido transitoriamente de expresar su voluntad, el otro puede ser judicialmente autorizado para representarlo, sea de modo general o para ciertos actos en particular, en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen matrimonial, en la extensión fijada por el juez.

A falta de mandato expreso o de autorización judicial, a los actos otorgados por uno en representación del otro se les aplican las normas del mandato tácito o de la gestión de negocios, según sea el caso.

La representación de uno de los cónyuges a favor del otro puede autorizarse judicialmente en caso de ausencia o impedimento. A falta de representación judicial o mandato, se supone que hubo mandato tácito o gestión de negocios.

ARTÍCULO 461.- Responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455.

Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro.

Este artículo se conjuga con el artículo 455 de este Código, en el que se establece el deber de contribuir de ambos. En virtud de ello, los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por alguno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar y la educación de los hijos.

ARTÍCULO 462.- Cosas muebles no registrables. Los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por éste con terceros de buena fe, son válidos, excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión.

En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad de seis meses de haber conocido el acto y no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial.

Los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por éste con terceros de buena fe, son válidos, salvo que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión. En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la anulación en las mismas en los plazos que fija la norma.