Reforma de la ley de riesgos del trabajo

Reforma de la ley de riesgos del trabajo

Reforma de la ley de riesgos del trabajo

El 26 de octubre de 2012, se dicta la ley 26773 de reforma de la ley de riesgos del trabajo (Ley 24.557); que nuevamente y del mismo modo que la ley que modifica, prevé, de manera tarifada ciertas prestaciones dinerarias para cubrir los infortunios laborales.

En el año 1995, se sanciona la ley 24.557 (LRT), con sus decretos reglamentarios, que modifica el sistema de protección a los infortunios laborales, accidentes y enfermedades.

La aplicación de la LRT dio lugar a un sinnúmero de declaraciones de inconstitucionalidad respecto de su artículo 39 en tanto cercenaba la opción del trabajador para acudir a la justicia civil por una reparación integral de daños; limitándola solamente al supuesto de dolo del empleador. Esta norma, fue entonces morigerada por la elaboración jurisprudencial mediante la resolución de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los interesados.

En este escenario y recientemente se reforma de la ley de riesgos del trabajo (ley 26773).

Bajo este nuevo régimen de accidentes de trabajo se perfilan dos sistemas de responsabilidad optativos, excluyentes entre sí y no acumulables, para reclamar la reparación por un accidente de trabajo:

1) El sistema creado por la Ley de Riesgos 24.557 modificado por la reciente ley 26773. Este sistema no se aparta explícitamente del modelo de responsabilidad individual del empleador pero incorpora la imposición de aquéllos del deber de contratar obligatoriamente un seguro en una aseguradora de riesgos del trabajo (ART). Se cubren los infortunios laborales otorgando ciertas prestaciones dinerarias para responder a las contingencias de incapacidad temporaria o permanente, sea ésta parcial o total, y muerte del trabajador.

Se trata de un procedimiento administrativo para acceder a las prestaciones del sistema.

Se encuentra en la órbita de la seguridad social y su gestión se refiere básicamente a instituciones privadas, las ART, que operan como aseguradoras pero sometido a ciertas pautas legales. La afiliación de las mismas es obligatoria y una vez establecida, el empleador queda desvinculado de toda responsabilidad por prestaciones a sus trabajadores accidentados. Los conflictos en torno a las prestaciones se confinan a comisiones médicas, también de naturaleza administrativa y pública, y sus decisiones pueden ser apeladas ante una comisión médica central o ante la Justicia Federal. El sistema presta una reparación de los infortunios laborales con topes indemnizatorios que la última modificación (ley 26.773) pretende mejorar con nuevas fórmulas de cálculo, elevando el monto inicial, previendo reajustes semestrales a través de un nuevo índice, otorgando las prestaciones en un pago único entre otros remiendos.

2) El sistema de responsabilidad civil. Se trata de una acción civil que tramita ante los juzgados civiles de responsabilidad extracontractual bajo la forma de un juicio de daños. La pretensión consiste en una indemnización por daños y perjuicios que repare el daño en forma integral, es decir plena.

Al tratarse de un proceso civil la reparación se subordina a las consecuencias probatorias del juicio.

Se deberá dar cumplimiento a los presupuestos de responsabilidad civil: antijuridicidad, daño causado, nexo  causal adecuado y factores de atribución. Dichas exigencias aparecen reguladas en el último párrafo del artículo 4 de la ley 26.773:

“En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.”

Entonces y comparativamente, el sistema de la LRT facilita la acción del damnificado, pero le acuerda una indemnización cuantitativamente limitada, mientras que el sistema de responsabilidad civil pondera una reparación  integral aunque exige que el actor pruebe el daño experimentado y también el nexo causal.

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