La inhibición general del deudor representa un verdadero obstáculo para la escrituración de un inmueble.

Esta es una medida cautelar que se puede solicitar en un juicio cuando no se conocen bienes del deudor o los que se conozcan no alcancen a cubrir la deuda.

La inhibición, obtenida por orden judicial, se anota en el Registro General de la propiedad e impide al deudor enajenar bienes inmuebles que tenga o llegue a adquirir por cualquier título; a diferencia del embargo en el que se afecta un bien determinado, esta medida impide al deudor inajenar sus bienes, mientras no solvente su deuda y se proceda al levantamiento de la cautelar.

Asimismo la inhibición puede inscribirse en el registro automotor, por lo que el deudor tampoco podrá transferir bienes automotores.

La situación en esta compraventa:

Al disponerse las partes a escriturar, el escribano solicita los informes respectivos al registro de la propiedad, tanto respecto de los títulos del inmueble como de la persona del vendedor, por lo que si de los informes resultara que el vendedor se encuentra inhibido, éste no podrá transferir el inmueble en ese estado.

¿Cómo solucionar esta operación y esta escritura?

Una  forma de arribar a buen puerto ante un conflicto de esta naturaleza   será posponer la escrituración para proceder al levantamiento de la medida mediante el pago de la deuda conjuntamente con sus intereses, honorarios y los gastos del juicio que se hubiera entablado contra el vendedor.  Porque esta medida es un acto jurisdiccional que sólo los magistrados intervinientes pueden levantar.

No bastará la retención del escribano de la suma indicada en el decreto judicial  (como suele hacerse en otras ocasiones cuando existen, por ejemplo deudas de impuestos), por lo que se solicitará al juez un decreto de levantamiento de la inhibición al sólo efecto de escriturar la venta y proceder a retener y depositar el importe por el cual se solicitara su anotación.